La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico rechazó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades de la isla y denunció un aumento de las intervenciones contra personas inmigrantes desde el jueves 22 de octubre de 2026.
La organización señaló que los agentes han ocupado calles de distintos municipios, incluidos sectores donde residen comunidades inmigrantes, mientras realizan operativos con armas largas. La presencia federal también fue reportada en el área metropolitana de San Juan durante los últimos días.
La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, afirmó que estas acciones forman parte de un patrón de violencia y vigilancia contra las comunidades inmigrantes. También sostuvo que los operativos pueden incluir arrestos sin orden judicial, separación de familias y afectaciones a procesos migratorios en curso.
La organización recordó que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar las intervenciones de ICE, debido a que esas expresiones están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Añadió que registrar los operativos permite vigilar el ejercicio del poder gubernamental.
La ACLU también responsabilizó a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, por la entrega de direcciones residenciales e información confidencial de más de 6 mil personas inmigrantes a las autoridades federales.
El señalamiento ocurre después de que se conociera que el Departamento de Transportación compartió con ICE información de alrededor de 6 mil 321 personas inmigrantes con licencia de conducir. La entrega de esos datos ha generado cuestionamientos sobre la confidencialidad de la información proporcionada al gobierno local.
La ACLU pidió que las comunidades conozcan sus derechos y puedan documentar los operativos sin sentirse intimidadas. Mientras continúan las acciones de ICE en Puerto Rico, organizaciones defensoras de inmigrantes mantienen bajo observación el alcance de las detenciones y el uso de la información compartida con las autoridades federales.